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jueves, octubre 6, 2022

Fiscalía analizará la compraventa de minera Dominga

Un equipo de la Fiscalía Nacional se encuentra estudiando los datos revelados por Ciper y LaBot que dan cuenta de una millonaria transacción de las familias Piñera y Délano en Islas Vírgenes Británicas en 2010.

Los abogados buscan establecer si podría existir un eventual delito y así el Ministerio Público determinar de oficio -o no- la apertura de una causa penal.

Uno de los principales focos de la revisión es si eventuales delitos tributarios, de tráfico de influencias o negociación incompatible ya estarían prescritos o si, por ejemplo, alguna gestión posterior del proyecto pudo interrumpir ese plazo.

Para ello se está estudiando las conductas y transacciones descritas en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominado “Pandora Papers”, y así establecer si la Fiscalía debiera o no intervenir. La investigación dio cuenta de que en diciembre de 2010, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Parte de dicha operación, según Ciper y LaBot, se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Y se aseguró, además, que los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Uno de los principales focos es establecer si los eventuales ilícitos, ya sea un delito tributario, negociación incompatible y un eventual tráfico de influencias podrían ya estar prescritos. Esto, porque han pasado más de una década de los hechos. En el caso, además, de que existiera una eventual conducta de elusión se requeriría, dicen en el ente perseguidor penal, con una acción por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Otras de las cosas que deberá evaluarse es, si se abre una causa penal, el invocar colaboración internacional, pues así por sí mismas las pruebas reveladas por ICIJ no sirven para ser presentadas en un juicio.

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