Justicia putrefacta: Cultura de impunidad

Por: © Carlos A. González-Carrasco

El Estado republicano liberal y corrupto

La mayor estafa del siglo XVIII-XXI son las fracasadas repúblicas liberales Eurocéntricas, y la mayor farsa son las democracias representativas de la liberté, égalité, fraternité que los “independentistas” chilenos entrenados en europea adoptaron e impusieron “Por la Razón o Por la Fuerza” en el siglo XIX Simplemente pregúntese. ¿Liberté, égalité, fraternité?  para quien(es) también pregúntese ¿la Razón y la Fuerza? ¿para quién(es)? El nuevo estado-nación y su nueva constitución republicana (carta provisoria) pone a LA JUSTICIA REPUBLICANA como el pilar que sustenta el poder territorial-económico de las oligarquías que durante 1860-1883 ocupan y anexan los territorios de la Araucanía. El neocolonialismo republicano eurocéntrico impuso un concepto monolítico estereotipado dentro del estado-nación excluyendo a los pueblos originarios y al pueblo mestizo.

La justicia chilena como en otros países del mundo son parte de un largo proceso de decadencia, de desintegración, de corrupción del estado-nación y sus instituciones, en particular la gran falacia de la justicia republicana, que proclama que “racional, lógica, científica y europeamente “todos somos iguales ante dios y la ley”.  Este es el espejismo universal dela simulación simétrica donde nos dicen que todos nacimos y somos “libres”, es también el enmascaramiento de que como seres libres todos tenemos derecho a un voto libre y soberano, y que este voto libre es simétrico a un voto de quienes tienen el poder económico, político, sociocultural y del estado.  Las elites chilenas practican la hipocresía y la doble moralidad y despliegan todos los medios de su propiedad para defender la pseudo democracia representativa en donde ellos, los ganadores se lo llevan todo.

El abuso, impunidad y corrupción de la justicia cubre todas las constelaciones de la sociedad chilena, detalladas en el «vortex» adjunto a este artículo.

Caso SQM: Justicia grotesca de abusos, impunidad y corrupción

El caso SQM, es uno de los escándalos de financiamiento ilegal de la política en Chile, donde están involucrados directamente los partidos políticos y las empresas chilenas, que una vez más más dejan a la justicia chilena al desnudo sobre prácticas corruptas que producen furia y enardecen al máximo a la ciudadanía. La decisión de la Fiscalía de no perseverar en la investigación contra el exministro del Interior, del gobierno de Michelle Bachelet Rodrigo Peñailillo y otros treinta tres entes políticos de múltiple sectores, hoy le permite a Rodrigo Peñailillo aprovecharse impunemente de la decisión de la fiscalía para el decidir retornar su actividad política partidaria con el fin de asegurar una candidatura senatorial, ¿Porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó la querella respectiva junto a los otros treinta tres acusados? ¿Abandono de deberes?

En Chile en la justicia se practica una cultura de impunidad institucional. Este caso de corrupción es un tsunami transversalmente donde están involucrados a los partidos políticos y los políticos profesionales de todo tipo, pero en especial al PPD, (la voz de la honradez, transparencia, de la cordura y moderación) colectividad donde la firma SQM controlada por el ex yerno de Julio Ponce Lerou llegó a ser fichado como “militante” del PPD. SQM representa la putrefacción del sistema político y de la justicia en Chile, es la decadencia y el oscurantismo grotesco de la partidocracia y la corruptocracia.

La medida de la Fiscalía de no perseverar demuestra una vez antes los ojos de la ciudadanía un acto más de “impunidad” de la justicia y de los partidos políticos. Al centro de este grotesco escándalo se posiciona otra institución corrupta, la cual forma parte de la constelación política, empresarial de abusos e impunidad, esta institución es el servicio de impuesto internos, donde sus ejecutivos comprados por los sectores políticos y empresariales no ejerció su participación en la querella del caso SQM abandonando sus deberes judiciales. Impuestos internos y el Ministerio Público obedeciendo a los dictámenes políticos empresariales protegió a quienes violaron todas las normas legales y éticas en el tema del financiamiento ilegal de la política.

Pido a la contraloría general de la república inicie una acción judicial en contra del director del servicio de impuestos internos Fernando Barraza por haber violado una serie de normas de carácter constitucional, judicial y administrativo, por abandono de deberes, al no ejercer la acción penal contra Peñalillo Pizarro y los otros treinta tres implicados.

Hago un llamado a importante a las firmas abogados éticas y a personalidades del país para que se pronuncien y ejerzan una fuerte presión a la contraloría con el fin de que esta actué con una debida sanción en contra del director del servicio de impuesto interno por dicha omisión inexcusable, y abandono de deberes, que en definitiva consagra la impunidad de los miembros del congreso en la comisión de delitos.

SEBASTIAN PIÑERA DEBE SER JUZGADO EN LA CORTE INTERNACIONAL PENAL POR VIOLACION SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

No tenemos ninguna confianza en el sistema judicial chileno. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, más conocido como Sebastián Piñera presidente de Chile, en octubre de 2019, ante el estallido social que llevó a más de tres millones de chilenos a las calles de Santiago y en todo el país, declaró «estamos en guerra contra un enemigo poderoso». Con esta narrativa Sebastián Piñera justificó la intervención de las fuerzas represivas militares y policiales en las calles. Sebastián Piñera lanzó a las fuerzas armadas a las calles, este es el mismo recurso represivo histórico utilizado por las élites chilenas gobernantes para preservar sus privilegios económicos, financieros y su total poder.

Como resultado de las acciones de Sebastián Piñera, hubo cientos de muertes, violaciones y delitos contra mujeres, jóvenes permanentemente ciegos por el impacto de proyectiles disparados por la policía militar directamente a sus ojos, actos barbáricos de violencias, punitivamente horrorosos, de extrema brutalidad y crueldad represiva, amenazas, persecución y muerte de líderes sociales. Todos los casos de violación de los derechos humanos que se han presentado a los órganos de las Naciones Unidas han sido legalmente muy bien documentados, sin embargo, e impunemente no se ha tomado ninguna acción legal punitiva contra Sebastián Piñera ni contra ningún otro funcionario de su gobierno, ni de la policía, ni de los servicios de inteligencia quienes son responsables de plantar y fabricar evidencia falsa contra los prisioneros de la guerra de Sebastián Piñera.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic ha iniciado una investigación en contra del Sebastián Piñera, como también contra al Ministro del Interior Gonzalo Blumel, y el director general de Carabineros, Mario Rozas por delitos de lesa humanidad y violación a los Derechos Humanos. Apoyo, otras acciones legales a nivel internacional para llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional (CPI) las cuales tienen mi total apoyo, por que no tengo ninguna confianza en el sistema judicial chileno (Augusto Pinochet, Fernando Karadima etc «NUNCA FUERON ENJUICIADOS EN CHILE NI EN NINGUNA OTRA CORTE INTERNACIONAL».

Las élites responsables de la decadencia moral y ética de la justicia

Los únicos responsables del colapso de la justicia son las élites económicas y financieras, los mismos políticos que abusan y despliegan la impunidad dentro de un sistema judicial exclusivo que solo favorece a las élites gobernantes tanto de derecha como de izquierda.  Todos ellos son parte de una constelación de interés familiares, sociales, religiosos, económicos, militares, educacionales que participan directamente en la administración de la justicia posicionado a sus jueces, a sus fiscales, a sus notarios, como los ejecutores de prácticas corruptas y corrosivas, ellos mismo se han deslegitimados, desacreditados, ellos mismo han matado la “vaca sagrada de la justicia”, la cual fielmente les ha servido para proteger sus privilegios por más de dos siglos.

Todos ellos son los responsables de la pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las élites judiciales, en el funcionamiento de las “republiquetas liberales”. Son los partidos políticos y los políticos profesionales corruptos quienes, en sus discursos, hacen llamados a mantener la decencia, de la moderación, y la paz, con el objetivo que nada cambie, ellos están putrefactos y han perdido valores humanos esenciales éticos, morales y espirituales que son imprescindibles para alcanzar una verdadera justicia, y una coexistencia humana de calidad y de respeto mutuo.

Descolonizar y democratizar la justicia chilena

Las republiquetas liberales proclaman la separación de poderes, pero en Chile no existe dicha separación, la justicia es parte integral de una constelación sistémica y multidimensional que cubre todos los niveles, desde el ministerio público, la corte suprema, la contraloría de la república, jueces, fiscales, inspectores, impuestos internos,  todos trabajando para beneficio de los partidos políticos, de los políticos profesionales, de las altas autoridades y de los grandes empresarios en delitos de corrupción.  Nuestro pueblo lo sabe y se siente impotente, frustrado, furioso de no poder hacer nada en contra de estas infames prácticas de las elites en Chile. 

Afortunadamente, estas prácticas corrosivas, tóxicas e inmorales ilustradas en el vortex comienzan a evaporarse ante una ciudadanía despierta, vigilante e informada, sobre los actos de corrupción en la justicia chilena. Cada día hay más personas que despiertan de este monstruoso engaño, ya no quieren ser prisioneros de este fraude programado, ya no creen en la fantasía pseudocientífica de la justicia igualitaria, muchos más se salen de la cámara oscura, del corralito de la amnesia y de la anestesia en que han vivido, cada día emergen el sentir y la convicción de no ser una ficha más del mega casino de la justicia corrupta que se practica en nuestro país

Elecciones directas por la ciudadanía de los poderes de administración de la justicia Debemos de cambiar la constitución actual e instaurar un nuevo régimen de institucionalidad y administración judicial. Particularmente a nivel territorial los fiscales locales y regionales sean directamente elegidos por la ciudadanía sobre la base de nuevos criterios de paridad de género, autonomía, independencia, (no partidaria), gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad y auditables, involucrar a organismos independientes que utilicen reconocidos estándares internacionales en la administración de la justicia. 

Necesitamos una renovación moral, una nueva justicia ética y de principios incorruptibles, una nueva conciencia social sobre la justicia a través de la participación ciudadana directa e inclusiva regeneren una nueva confianza social para construir una nueva y mejor sociedad. 

Del Autor:

Carlos A. González-Carrasco

Profesor Investigador Visitante nominado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías del Gobierno de México en el Departamento de Salud de ECOSUR. Con más de 25 años de investigación científica; ha desarrollado, definido, conceptualizado y descrito la anatomía, el ecosistema de la «Nueva Ciencia», «Sistema Sapien» y la «Conductividad Humana».

Para descargar gratuitamente su libro “Todo es Posible, del Colapso Sistémico a Soluciones Sistémicas”, use este enlace, https://www.ecuanime.com/registration