Colapso del Estado de bienestar y aumento de la desigualdad

Por: C. Felipe Villa

El plan que Kast ha propuesto contempla un recorte del gasto público de unos US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses, con una meta más amplia —según algunas versiones— de US$ 21.000 millones en cuatro años.

Pero economistas y expertos han alertado que más del 85 % del gasto público está fijado por ley, y muchos de esos rubros correspondan a derechos sociales —pensiones, salud, educación, subsidios— lo que dificulta que los recortes se hagan sin dañar a la población.

Si esos recortes efectivamente se materializan, podría haber una merma en prestaciones fundamentales: pensiones más bajas o menos complementos, menor inversión en salud pública, precarización de las ayudas sociales, más dificultades para acceder a servicios esenciales. En ese contexto, la brecha entre los sectores acomodados y los vulnerables puede crecer marcadamente.

Resultado: un retroceso de derechos sociales, un Estado menos protector, y un país donde el bienestar ya no esté garantizado para muchos ciudadanos —incrementando la desigualdad estructural y la precariedad.

Con una reducción del Estado, muchos de los servicios que hoy sustentan la cohesión social —educación pública, salud, ayudas a adultos mayores y sectores vulnerables— podrían volverse más inaccesibles o de menor calidad. Esto profundiza el malestar social, la frustración, la sensación de abandono.

Si a eso se suma un discurso político —o medidas— de corte autoritario, duro contra la protesta, la migración o ciertos grupos sociales, puede generarse un clima de polarización, desconfianza, exclusión. Muchos sienten que se prioriza “mano dura” y orden por sobre derechos, solidaridad y pluralismo.

En ese escenario, la cohesión social se debilita, las comunidades se fragmentan, y los espacios de participación, diálogo y construcción colectiva —esenciales para una democracia sana— podrían atrofiarse.

Si el modelo prioriza un Estado mínimo, con fuerte liberalismo económico, la inversión en cultura, educación pública de calidad, políticas de integración y diversidad puede quedar relegada: menos presupuesto, menos apoyo, menor acceso.

Esto no solo limita el acceso al conocimiento, la formación artística o crítica social, sino que empobrece la posibilidad de que nuevas generaciones desarrollen su potencial: se reduce la movilidad social, se limita el acceso igualitario a oportunidades.

En un contexto así, las barreras de clase y origen podrían endurecerse, y la diversidad —cultural, social, ideológica— quedar relegada, lo que afecta no solo a individuos, sino al conjunto del proyecto colectivo de país.

Con recortes profundos, aumento de desigualdades, menores oportunidades y degradación del bienestar social, Chile podría entrar en un círculo de precariedad: más pobreza, menos acceso a servicios, menor consumo, menos inversión social → lo que genera más pobreza.

Esa dinámica no solo deteriora las condiciones materiales, también mina la esperanza, la confianza en las instituciones, y la posibilidad de aspirar a una vida digna.

A largo plazo, se podría consolidar un país de “dos velocidades”: quienes tienen recursos podrían mantener sus privilegios; quienes no, podrían quedar atrapados en la desigualdad, sin posibilidad real de superación.

Las críticas apuntan a que un gobierno con ese perfil podría priorizar mano dura, decrecimiento del Estado, centralización del poder. Si decide gobernar por decreto o con escasa deliberación democrática —como han advertido algunos críticos—, eso puede debilitar mecanismos democráticos, participación ciudadana y control social.

En ese contexto, los derechos sociales, culturales y ciudadanos —como educación, salud, pensiones, protección social, diversidad, derechos de minorías— podrían quedar subordinados al pragmatismo fiscal o a lógicas de orden público, lo que pone en peligro las libertades y la calidad de la democracia.

Finalmente, la fragmentación social y el debilitamiento del Estado pueden minar la legitimidad de las instituciones y fomentar resentimientos, conflictividad, inestabilidad social.

Este escenario —no una predicción, sino una advertencia plausible— describe un Chile que retrocede: en derechos, en igualdad, en bienestar, en posibilidades. Un país donde las promesas de orden y eficiencia terminan traducidas en precariedad, desigualdad, exclusión. Donde la política social deja de ser prioridad, y el proyecto colectivo se empobrece.

Si se concreta —o incluso se acerca— este tipo de gobierno, muchas de las luchas y aspiraciones de las últimas décadas podrían perderse. Y la generación futura heredaría no solo desigualdades económicas, sino una estructura social más rígida, menos solidaria, menos democrática.