Se cita a reunión: Colegio de Abogados entra al debate por el pago de IVA a servicios profesionales

El presidente del gremio, Héctor Humeres, señala que la moción -que excluye a las sociedades de salud, transporte y educación- puede afectar al derecho a defensa e impactar en los estudios jurídicos, sobre todo los pequeños.

Sociedades y abogados jóvenes El informe tributario

El Colegio de Abogados encargó un informe a su Comisión Tributaria, que encabeza Florencio Bernales, para que analice los efectos que puede tener en los estudios jurídicos el proyecto de ley que amplía el Pilar Solidario de la Ley 20.225, más conocido como ley corta de pensiones. Como parte de las fuentes de financiamiento del alza en las pensiones solidarias, la propuesta del Ejecutivo considera que ciertos servicios profesionales queden afectos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Quedan exceptuados los segmentos de salud, educación y transporte, pero incluyen el servicio de los estudios de abogados.

La moción excluye a quienes emiten boletas a honorarios. Pero a juicio del presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, al imponer el pago del IVA a los estudios jurídicos -grandes, medianos y pequeños-, podría verse afectado el derecho a defensa. Como los costos subirían en 19% (por el IVA), habría un perjuicio sobre un segmento de la población.

«Aquí lo que hay que precaver es que la defensa jurídica es un bien que está resguardado constitucionalmente. Por eso esto nos preocupa, porque puede afectar también el acceso a la justicia», dice Humeres presidente del Colegio de Abogados. Créditos: Agencia Uno

El tema tomó notoriedad este jueves 23 de septiembre luego de una publicación de los profesores de derecho constitucional de la Universidad de Chile Enrique Navarro y Cristóbal Osorio, en El Mercurio. El proyecto «afectará gravemente el acceso universal a la justicia», indicaron, porque en su visión se omite que «los servicios jurídicos son esenciales para satisfacer la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del derecho a defensa».

Además, los académicos opinaron que excluir a las sociedades médicas, de transporte y educación «contraviene los principios de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria que consagra la Constitución».

El presidente del Colegio de Abogados coincide en varios de los puntos abordados por Navarro -consejero del gremio- y Osorio. Dice que el rol de los abogados es también «una función pública esencial. Y cuando habla de función pública esencial, se trata de que nosotros somos colaboradores esenciales de la justicia, y no solo en los casos probono, porque lo que se está resguardando es el derecho a defensa a todas las personas de este país».

Respecto de que el proyecto de ley excluya a las sociedades de transporte, educación y salud, Humeres señala que «no quisiera decir que hay una discriminación abierta, pero sí hay una diferencia importante. Yo entiendo que la salud es un bien esencial, por eso comprendo la exención. Pero en nuestro caso también [la defensa] es un bien esencial. Entonces, nosotros deberíamos estar en la misma posición de aquellos que están quedando exentos».