Daniel Urrutia: El perfil de un juez díscolo.

Muy de vez en cuando aparece en chile , un Juez con carácter, uno que destaca inmediatamente entre la oscuridad del poder judicial, Daniel Urrutia recibió US$27 mil del Estado como indemnización por la demanda que ganó ante la CIDH. Poco queda del alumno católico y tímido que fue. Hoy, con estrella mapuche incluida, pasó a ser ídolo para un duro sector de la Convención… y en persona non grata por los pasillos de los tribunales, donde una cincuentena de jueces pide que lo saquen de la Asociación de Magistrados.

Es el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que acusa a la Corte de Apelaciones de Santiago de responsabilidad en las lesiones oculares de manifestantes ocurridas durante el 18-O —al rechazar los recursos de protección presentados en contra del uso de balines por parte de Carabineros— además tiene un historial de desencuentros con sus superiores, que se arrastran desde sus primeros años en el Poder Judicial.

Denunció a este poder del Estado por afectar su libertad de expresión en 2004, fue sancionado por levantar por oficio la prisión preventiva a presos del 18-O para que no se contagiaran de coronavirus y recientemente causó sorpresa al escribir un fallo con el denominado lenguaje inclusivo.

Parte de su biografia judicial está marcada por: La causa ante la Corte Interamericana: La causa que terminó con el Estado chileno denunciado internacionalmente se remonta a 2004, cuando la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización.

Luego cobró notoriedad con La liberación de la “primera línea”: El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O, por la de arresto domiciliario total.

Además acogió El amparo en favor de “lxs constituyentes mencionadxs”: El 15 de julio de este año, el juez Urrutia acogió un recurso de amparo presentado por la entonces convencional de la Lista del Pueblo, María Rivera, y la constituyente de Apruebo Dignidad, Manuela Royo, en favor de 11 personas detenidas esa tarde durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago en favor de los presos del 18-O.

y posteriormente la polémica presentación ante la convención: El miércoles 25 de agosto, el juez Urrutia expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos, Ambientales y de la Naturaleza de la Convención Constitucional los motivos por los cuales estima que este poder del Estado debe ser refundado en una nueva Constitución, dichos que luego fueron criticados por la Asociación de Magistrados.